El Atrato, en Colombia, un río con derechos burlados

En la región tropical del Chocó, al nororiente de Colombia, fluyen las aguas del río Atrato, poderosas, majestuosas y muy sucias.

Las hélices de las lanchas se enredan en las bolsas de plástico que flotan en el río desde el puerto fluvial de Quibdó. Las minas de oro arrojan su mercurio al río Quito y otros afluentes del Atrato.

“¿La sentencia T-622 de la Corte Constitucional? Todo el mundo aquí lo sabe”, explica José Adán Palacios, quien transporta pasajeros y plátanos en su lancha. “Pero nada ha cambiado. La contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura”, agrega.

En 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derecho. Una primicia en Colombia. Esta decisión sentó un precedente: varios ríos y toda la Amazonía -que cubre el 42% del territorio colombiano- ahora son sujetos de derecho.

Maryuri Mosquera, de 39 años, es ingeniera agrónoma y «guardián» de Atrato. La sentencia de la Corte Constitucional designó a siete organizaciones locales como representantes legales del río, cada una de las cuales nombró a dos guardianes del río. Maryuri y sus colegas son responsables de garantizar que se cumpla la orden judicial. «Es una tarea un poco desalentadora», admite la mujer.

Los jueces ordenaron al Estado colombiano descontaminar el río, detener la minería ilegal, garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores y realizar pruebas toxicológicas y epidemiológicas necesario.

“Para hacer todo esto, se necesita dinero y voluntad política”, dice Maryuri. Ambos son raros en esta región pobre y abandonada del Chocó. Las comunidades de Atrato, medio millón de personas, son predominantemente de ascendencia africana o indígena.

«Nadie come aceite ni cobre»

El río Atrato nace a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente occidental de los Andes colombianos. “El agua aquí es cristalina”, dice Ramón Cartagena, alias “Moncho”, señalando la cascada La Calera que cae por el lado verde de la montaña.

Diez kilómetros más abajo, el agua del arroyo, ahora llamado Atrato, se ha vuelto gris oscuro. “Antes veníamos aquí a almorzar con la familia ya pescar, dice ‘Moncho’. Hoy ya no queremos meter las manos en el agua del río y menos nadar en ella”.

Moncho trabajó durante 16 años en la mina de cobre de El Roble, la única en funcionamiento debidamente autorizada en Atrato. La operación fue asumida por los canadienses en 2013.

“El agua es fundamental, nadie se alimenta de petróleo ni de cobre”, dice Ramón con un suspiro. “Pero la mina es el único empleador de la región”, concluye. Ramón, quien se convirtió en guardián del río “por deber cívico”, ha recibido amenazas de muerte. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes ambientales.

«¿Cómo es posible que una región tan rica sea tan pobre?»

El Chocó ha venido abasteciendo de maderas preciosas y oro desde hace más de tres siglos. En los comercios de la calle principal de Quibdó, pequeñas grameras esperan a los clientes en las vidrieras. Aquí, los mineros vienen a vender su exigua producción. “Trabajamos legalmente y solo le compramos a mineros tradicionales que tienen los certificados que exige el municipio para trabajar”, ​​explica uno de los comerciantes, que sin embargo prefiere permanecer en el anonimato.

“¿Cómo es posible que una región tan rica sea tan pobre?”, se pregunta Berta, de 56 años, que vive en San Isidro, un caserío a orillas del río Quito, a una hora en lancha desde Quibdó. Agachada al borde del agua, sacude su cacerola, buscando migas doradas. “Antes, tomábamos agua del río sin ni siquiera hervirla”, dice.

Los habitantes de San Isidro son todos agricultores, pescadores y mineros. Berta retira la tierra arrojada por la máquina oxidada que se descompuso frente a las chozas de madera del pueblo. Los motores de otras dragas se escuchan a lo lejos en el río, donde no van los barcos de pasajeros: «Demasiado peligroso», explica el barquero José Adán Palacios.

El oro que enriquece a las élites locales y corrompe a los políticos es el principal recurso de los grupos armados que operan en el río. También trafican con armas y cocaína. “En todos los pueblos que visitamos, hay un grupo dominante”, dice el padre John Jairo, que trabaja en el pueblo de Bete, río abajo de Quibdó. «En todas partes se sabe quién controla y quién manda». tenga cuidado de no mencionar ningún nombre.

La Iglesia se mantiene discreta, aunque estuvo muy activa en la región durante las negociaciones de paz con las FARC y pretende mantener su papel de mediadora. El barco episcopal es uno de los pocos que pueden viajar “más o menos serenamente”.

Sacerdotes, maestros y líderes de comunidades étnicas intentan sensibilizar a los jóvenes sobre la causa ambiental y alejarlos de la tentación de las armas y del riesgo del reclutamiento forzoso.

Las esperanzas se centran en el nuevo gobierno

Las FARC, desmovilizadas desde el acuerdo de paz de 2016, han sido reemplazadas en el terreno por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estas milicias, herederas de los paramilitares, terminaron imponiéndose en la región. En Quibdó ya lo largo del río hay casas marcadas con las letras AGC.

“Las fuerzas armadas no lograron -o no quisieron- tomar el control de toda la región tras la salida de las FARC, dice un funcionario de Bété. El Estado siempre nos ha abandonado”, subraya.

“El Atrato es la línea de vida que comunica, alimenta y da trabajo a toda la población. Es nuestra vida, pero está podrida, explica Feliciano Moreno, médico de Quibdó. Los problemas gástricos y las infecciones de la piel son comunes aquí. no es la única causa de contaminación”.

Debido a la falta de vertederos municipales y fosas sépticas en las veredas, los desechos se vierten directamente a las aguas del río. Más al norte, la ganadería y el cultivo intensivo de plátanos y palmeras también contribuyen a su contaminación.

Debido a la ineficiencia del Estado, la falta de articulación institucional y sanciones, la aplicación de este plan se ha estancado.

Como José Adán, Maryuri o “Moncho”, el Dr. Moreno espera mucho del nuevo gobierno. El primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, líder negra y ambientalista, han priorizado el medio ambiente y la transformación del modelo de desarrollo en su programa de gobierno.

“Los desafíos son obviamente inmensos”, dice Rodrigo Rogelis de la asociación Siembra, que brinda asistencia legal y política a los guardianes del río. “La condena de 2016 obligó al estado a preparar un plan de acción en consulta con las comunidades. Esto representa un progreso innegable. Sin embargo, por la ineficiencia del Estado, la falta de articulación institucional y sanciones, la aplicación de este plan se ha estancado”.

Cuatro ministerios, dos departamentos, 26 municipios y una infinidad de organismos públicos deben actuar juntos y dialogar con las comunidades para salvar el río. «La situation sur le terrain s’est encore détériorée au cours des six dernières années», explique Rogelis.L’exploitation minière illégale a progressé et l’on craint que la hausse actuelle du prix du dollar et de l’or n’aggrave la situación.

Según las últimas cifras disponibles, 33.000 hectáreas se ven afectadas por esta práctica devastadora para el medio ambiente, es decir, 5.000 más que en 2016.

Pilar García, quien dirige el Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, comparte este sombrío diagnóstico. “La sentencia tiene un valor poético y simbólico importante, reconoce. Pero no es declarando que la naturaleza tiene derechos que los jueces resolverán los problemas y transformarán el Estado”. Señalando que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana se inspiraron en una decisión de sus pares neozelandeses, García concluye: “Lo que funciona en un país sin corrupción y sin contaminación real no funciona en el Chocó.