Los matices políticos del escándalo de pedofilia que golpea a la Iglesia Católica
El escándalo de las denuncias por pederastia que sacude a la Iglesia católica en Bolivia ha comenzado a tomar tintes políticos por las medidas impulsadas por el oficialismo contra esta institución, que ha pedido no politizar la crisis provocada por la revelación de la redacción del diario. del jesuita español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien confesó haber abusado de decenas de niños en un internado de la región central de Cochabamba.
Un mes después de que estallara el asunto, gracias a una publicación en el diario español «El País», opositores y analistas consideran que las disputas ya no son solo provocadas por la pederastia, sino que la Iglesia católica se ha convertido en el blanco de un «ajuste de cuentas». por el oficialismo porque criticó al gobierno de Luis Arce en temas políticos y económicos.
El Gobierno defiende que «no hay venganza», sino búsqueda de Justicia.
Además del caso Pedrajas, la fiscalía investiga denuncias de agresión sexual contra otros jesuitas españoles fallecidos, como Alejandro Mestre, quien se convirtió en arzobispo de La Paz; Jorge Vila, fundador de Defense for Boys and Girls International en Bolivia, y Luis María Roma, quien tenía una colección de sus propias fotografías de abuso infantil indígena. Las denuncias fueron presentadas por la propia Compañía de Jesús después de que estallara el escándalo.
También se han presentado acusaciones contra religiosos de otras órdenes. De hecho, el único sacerdote en prisión preventiva es un carmelita, pero se han presentado denuncias contra un franciscano, un diocesano, así como un pastor evangélico y un adventista, cuyos casos también serán investigados por la fiscalía, según varios fuentes. .
En su crisis, la Iglesia Católica ha sido objeto de severos cuestionamientos por supuestamente encubrir abusos sexuales, pero ha negado ese punto al condenar lo ocurrido.
El Gobierno se ha planteado revisar el estatuto de la Compañía de Jesús, evaluar los convenios educativos con la Iglesia católica que gestiona más de 1.500 colegios con medio millón de alumnos (el 19% del total nacional) y aplicar una reserva a la entrada de religiosos extranjeros para investigar si tienen antecedentes en otros países.
El presidente Luis Arce también ha propuesto al parlamento un «proyecto de ley para combatir la impunidad en los delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes» para endurecer las penas contra los agresores y crear una comisión de la verdad para esclarecer los hechos que habrían sido prescritos en las denuncias contra los religioso.
La particularidad de la Comisión es que estará integrada exclusivamente por 11 miembros de los poderes del Estado, encabezados por el Ministerio de la Presidencia, lo que ha sido cuestionado por opositores y analistas e incluso ha generado dudas entre algunos legisladores pro-gobierno, entre ellos los que denuncian abusos y los que dicen ser víctimas.
«Un ataque institucional a la Iglesia Católica»
El diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana, dijo que sería «una comisión política y politizada», y que de seguir así «más bien manipulará el acceso a la verdad y desvirtuará el objetivo de transparencia, objetividad e imparcialidad». .
Le législateur avait proposé que cette instance soit multipartite et composée de personnalités de la société civile engagées pour les droits de l’homme, mais l’alternative a été rejetée par le parti au pouvoir dans la première commission interne qui s’est penchée sur la pregunta.
Hay grandes heridas y lo que pasó no se puede minimizar.
Para el jurista, el gobierno está usando un tema sensible como bandera «para lanzar un ataque institucional contra toda la Iglesia católica» con el objetivo de intervenir las escuelas regentadas por las congregaciones «olvidando que en Bolivia el Estado, desde la fundación de la República, dejó vacíos que fueron llenados por la Iglesia Católica y su obra social.
Para el analista político Gonzalo Mendieta, “sin duda hay una corriente dentro del oficialismo que cree que es hora de ajustar cuentas con la Iglesia Católica y probablemente reducir su influencia pública. Me parece que negarlo es tener una miopía bastante galopante”.
Respecto a la Comisión de la Verdad, Mendieta defendió que este organismo es necesario “porque hay heridas muy grandes y no se puede minimizar lo que pasó”.
“Una comisión de la verdad, más que un órgano judicial, es un órgano moral y debe tener las condiciones para su credibilidad”, dijo, y agregó que si los integrantes son solo estatales, no se garantiza la legitimidad que esperan principalmente las víctimas.
Las disputas entre la Iglesia y el oficialismo, primero en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y ahora con el de Luis Arce, estallaron en 2019 cuando se desató una crisis política por la renuncia de Morales en medio de protestas y presiones por denuncias de fraude electoral. La diputada opositora Jeanine Áñez asumió interinamente la presidencia.
La Iglesia participó en la mediación de las reuniones entre oficialistas y opositores para la transición, pero el oficialismo la ha acusado de haber sido parte de un «golpe de Estado», mientras que la oposición ha destacado su “rol pacificador” en la crisis de este año.
«Esto no es venganza política, sino pedir justicia»
La diputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Pamela Terrazas, que solo ha recibido una veintena de denuncias por abusos en la Iglesia católica, incluidas tres vinculadas a Pedrajas, negó que la intención fuera actuar por «venganza política, sino que se trata de pidiendo justicia» para las víctimas de Pedrajas y otros sacerdotes, aunque estén muertos.
“Lamentamos el silencio de los provinciales jesuitas y el liderazgo de la Iglesia Católica. Los delitos cometidos dentro de sus instituciones o por clérigos no pueden ser protegidos ni siquiera bajo el secreto confesional”, dijo el legislador.
Respecto a la Comisión de la Verdad, el parlamentario coincide en que solo puede estar integrada por miembros del Estado, pero que será necesaria la presencia de representantes de víctimas y de organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La asociación de exalumnos del colegio Juan XXIII, donde ocurrieron los abusos de Pedrajas, también pidió una comisión «imparcial, independiente y transparente» y acordó invitar a instituciones internacionales y destacados juristas, elegidos por dos tercios de los parlamentos, que es decir con la participación de la oposición.
Clavo Encuesta de diagnóstico empresarial a 1.800 personas señala que solo un tercio piensa que la Comisión realizará una investigación exhaustiva y obtendrá juicios y condenas, y dos tercios se muestran escépticos, por lo que «debe ganarse el respeto y la credibilidad de la gente».”.